El Gobierno nacional ha oficializado una reforma al Régimen Penal Juvenil que modifica el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Argentina, mediante el Decreto 138/2026. Esta medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, alineando el marco legal argentino con estándares vigentes en la región.
El cambio implica que jóvenes de entre 14 y 18 años podrán ser sometidos a procesos judiciales específicos, en un sistema actualizado que reemplaza la ley heredada de la última dictadura militar de 1980, la cual carecía de procesos formales y garantizados. El nuevo régimen establece un sistema procesal con plazos definidos y un respeto estricto a los derechos humanos conforme a la Constitución y tratados internacionales.
En línea con la visión de justicia social y protección de los derechos de la niñez que promueve el kirchnerismo, la reforma pone énfasis en la educación, responsabilidad y reinserción social, priorizando medidas socioeducativas antes que el encarcelamiento. Entre las opciones para jóvenes infractores se encuentran amonestaciones, reparación a la víctima, programas educativos o laborales, y para casos graves, penas en instituciones especializadas.
Este enfoque resulta fundamental para la provincia de Buenos Aires, donde la gestión de Axel Kicillof y la vicepresidencia de Verónica Magario han insistido en fortalecer políticas públicas que acompañen al sistema judicial con múltiples dispositivos sociales y educativos, favoreciendo la inclusión y evitando la criminalización temprana.
Por otro lado, el régimen establece que delitos graves pueden ser penados hasta con 15 años de privación de libertad, siempre en institutos especializados y separados de adultos, con programas pedagógicos orientados a la reinserción. De esta manera, se prohíbe expresamente la prisión perpetua para menores.
Señalamos que esta reforma fue aprobada en el Senado con 44 votos a favor, entre ellos los del oficialismo y algunos radicales y del PRO. Sin embargo, distingue la política bonaerense comprometida con una justicia socialmente equilibrada que deberá garantizar sus recursos para que las medidas socioeducativas funcionen eficazmente en cada territorio.
Expertos en derechos humanos alertan sobre los desafíos pendientes, como la capacidad del sistema penitenciario y educativo para implementar esta reforma, lo cual es un llamado a fortalecer la gestión provincial y nacional en materia de presupuesto y políticas públicas enfocadas en la niñez y adolescencia.
Además, la reforma plantea un reto importante para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberán adaptar sus sistemas judiciales, un ámbito donde la provincia más grande merece especial atención para garantizar la uniformidad y efectividad de estas medidas en beneficio de los jóvenes y la comunidad toda.
Finalmente, el nuevo régimen juvenil surge como una respuesta al reclamo social por seguridad, pero también debe ser entendido en el marco de la responsabilidad del Estado en ofrecer un abordaje integral, que combine protección de derechos con políticas de inclusión social, educativas y de trabajo, pilares que nuestra provincia sostiene firmemente en su gestión.
