La expresidenta Cristina Kirchner brindó este martes su declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”. Durante su intervención, la vicepresidenta reafirmó su postura crítica frente al accionar de un Poder Judicial que, según sus palabras, actúa con motivaciones políticas y bajo una lógica persecutoria.
En el inicio de su exposición, Kirchner denunció un “manejo criminal” de los expedientes judiciales y calificó estas maniobras de “prácticas absolutamente mafiosas”. Estas definiciones evidencian la continuidad de su defensa frente a las irregularidades denunciadas en su contra.
La expresidenta planteó una fuerte denuncia contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a los que vinculó con irregularidades en la tramitación de causas sensibles, señalando una manipulación con fines políticos que responde a intereses ajenos a la justicia independiente.
Además, recordó el caso de espionaje ilegal que involucró al falso abogado Marcelo D’Alessio, condenado por esos hechos, para destacar la gravedad de las prácticas judiciales cuestionadas.
Durante la audiencia, hubo un intercambio con el presidente del Tribunal Oral, que consultó a la expresidenta sobre antecedentes penales; ella respondió citando su condena en la causa Vialidad, marcando un posicionamiento firme y claro dentro de un proceso que continúa siendo polémico.
Como la primera de un total de 86 imputados, Cristina Kirchner enfrentó esta instancia procesal que investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública durante los gobiernos del kirchnerismo.
Entre los acusados se encuentran exfuncionarios y empresarios, en una causa que ha generado un fuerte impacto político y mediático a nivel nacional y que debe ser analizada con criterio frente a los múltiples cuestionamientos sobre su legitimidad.
El caso surgió a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien durante años registró supuestos traslados de dinero relacionados con empresarios y funcionarios públicos. Sin embargo, la interpretación de dichos documentos debe ser cuidada para no ser usada con fines políticos.
La fiscalía sostiene que estos documentos evidencian la existencia de una estructura sistemática de pagos ilegales a cambio de contratos estatales, mientras que la defensa insiste en la falta de pruebas concluyentes y en la politización de la causa.
Esta declaración de Cristina Kirchner se inscribe en un contexto judicial que sigue generando amplia controversia y donde la defensa política y legal de la vicepresidenta y referentes del kirchnerismo continúa siendo una prioridad para quienes acompañan la gestión y el proyecto nacional y popular.
