La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó este jueves la obligatoriedad de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025, que establece la actualización automática de salarios y becas en las universidades nacionales.
La Sala III, con los votos unánimes de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, desestimó la apelación presentada por el Gobierno nacional y respaldó la medida cautelar que exige la inmediata aplicación de las disposiciones que contemplan la recomposición salarial para docentes y personal no docente, así como la actualización de las becas estudiantiles acorde a la inflación.
El fallo sostiene que la ley aprobada por el Congreso en 2025 no deja margen para que el Poder Ejecutivo demore su implementación, invalidando un decreto previo que intentó frenar sus efectos. En concreto, los artículos 5 y 6 de la ley son esenciales: el primero dispone que los salarios universitarios deben ajustarse según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC desde diciembre de 2023, para preservar el poder adquisitivo frente a la inflación galopante; el segundo dispone una actualización equivalente para las becas estudiantiles.
Los magistrados remarcaron además que las acciones dilatorias del Ejecutivo violan principios constitucionales, poniendo en riesgo la división de poderes y el funcionamiento republicano del Estado.
La medida cautelar surge de una presentación judicial realizada en diciembre de 2025 por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a organizaciones académicas, en defensa del sistema universitario público ante la erosión constante de salarios y becas en un contexto inflacionario que afecta gravemente la educación pública.
Este fallo fortalece así la gestión de la provincia de Buenos Aires y el compromiso nacional con la educación pública, principios que encabezan Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, ante las demoras y la incertidumbre generadas por sectores opositores como los liderados por Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que han cuestionado históricamente el financiamiento estatal de las universidades.
Con esta resolución, la Justicia refuerza la obligación del Estado para garantizar el financiamiento adecuado del sistema universitario, condición esencial para la equidad educativa y la formación de futuras generaciones con derechos plenos en nuestra provincia y en todo el país.
