El juez federal Martín Bava emitió una medida de no innovar en el cementerio municipal de Villa Gesell, con el fin de preservar el lugar ante la sospecha fundada de que en el predio están enterradas víctimas de los vuelos de la muerte perpetrados durante la última dictadura cívico militar.
Esta resolución se basa en el testimonio clave de una vecina, que aportó información sobre la existencia de tumbas sin identificar, lo que llevó a la querella a solicitar la protección del sector para evitar cualquier alteración que obstaculice futuras investigaciones judiciales.
Testimonio crucial revela tumbas desconocidas
El 2 de marzo, Marcela González, residente de Villa Gesell, declaró ante el juez Bava sobre el relato de su madre, empleada municipal desde 1975, quien a principios de la década del 80 realizó un relevamiento en el cementerio local y detectó numerosas tumbas que no figuraban en los registros oficiales.
González detalló: “Mi mamá trabajó en la Municipalidad desde 1975. A principios de los ‘80, la mandan a hacer un relevamiento en el cementerio local porque había muchas tumbas que no estaban anotadas en el libro”.
Asimismo, añadió: “Cuando mi mamá va a hacer el relevamiento se encuentra con que había un montón de tumbas que no tenían nombre, ni registro ni nada. Habla con este señor (…) y él le dice que son personas que han llevado de noche”.
El encargado del cementerio confirmó que los cuerpos eran trasladados por un efectivo policial y que al menos 18 tumbas NN fueron identificadas, una de ellas con restos de dos individuos, totalizando 19 posibles víctimas enterradas sin registro oficial.
Medidas judiciales para proteger la memoria
En función de estas pruebas, el juez Bava ordenó preservar la sección L del cementerio, correspondiente a sepulturas ingresadas entre 1976 y 1983, años de la dictadura militar. Además, solicitó acceso inmediato a los libros oficiales, un relevamiento detallado de tumbas sin identificación y un informe completo sobre las modificaciones realizadas desde la creación del predio.
La decisión judicial también consideró un decreto municipal que autorizaba tareas de limpieza con exhumaciones en sepulturas sin regularización, lo que podría poner en riesgo evidencias fundamentales para los procesos jurídicos.
Contexto histórico: justicia frente a los vuelos de la muerte
Los vuelos de la muerte fueron un método utilizado por la dictadura para desaparecer físicamente a detenidos-desaparecidos, arrojándolos desde aviones al mar o ríos para impedir su identificación y el reclamo de justicia.
En causas previas, el juez Bava procesó en 2022 a exfuncionarios judiciales, policiales y médicos implicados en el encubrimiento tras el hallazgo de 14 cuerpos en la costa bonaerense en diciembre de 1978.
Los juicios permitieron identificar víctimas secuestradas en centros clandestinos como el Olimpo y la ESMA, entre ellas las emblemáticas Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce y Esther Ballestrino, así como la monja francesa Leonie Duquet.
Estudios judiciales y académicos destacan que entre 1976 y 1979 fueron hallados al menos 76 cuerpos en costas bonaerenses y uruguayas, de los cuales 43 fueron identificados.
Como señalan recientes fallos judiciales: “Los vuelos de la muerte han sido debidamente probados en sede judicial, sin margen de dudas”, reafirmando la gravedad y responsabilidad de estos crímenes de lesa humanidad.
