Centros clandestinos, secuestros, torturas y estructuras represivas marcaron al distrito más poblado del país durante la última dictadura. Testimonios, juicios y organismos de derechos humanos permiten reconstruir lo ocurrido entre 1976 y 1983.
A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el partido de La Matanza se ubica entre los territorios más castigados por el terrorismo de Estado. En el conurbano bonaerense funcionó una extensa red represiva que, según los registros y las causas judiciales disponibles, contó con al menos una decena de centros clandestinos de detención, donde cientos de personas fueron secuestradas, sometidas a torturas y, en muchos casos, desaparecidas.
El accionar formó parte de un plan sistemático implementado por la dictadura militar en todo el país, que dejó miles de víctimas y más de 800 centros ilegales de detención distribuidos en distintas provincias. En ese entramado, La Matanza tuvo un papel relevante dentro del denominado “Circuito Camps”, una estructura bajo la órbita de la Policía Bonaerense.
El Vesubio: el mayor centro clandestino del distrito
Uno de los sitios más emblemáticos fue “El Vesubio”, ubicado en la intersección del Camino de Cintura y la autopista Riccheri, en la localidad de La Tablada. Allí operó, entre 1976 y 1978, uno de los mayores centros clandestinos de la zona, bajo control del Primer Cuerpo de Ejército.
De acuerdo con registros oficiales y testimonios incorporados a procesos judiciales, por ese lugar pasaron más de 1.500 personas perseguidas por su militancia política, social o sindical. Entre las víctimas hubo mujeres embarazadas, trabajadores y también menores de edad, en un patrón que combinó encierro clandestino y violencia sistemática.
El predio, que previamente había sido utilizado por grupos parapoliciales antes del golpe, contaba con múltiples edificaciones destinadas a la realización de interrogatorios bajo tortura y al mantenimiento de detenidos en condiciones inhumanas. Esa maquinaria represiva se sostenía por una lógica de ocultamiento y control territorial.
Entre quienes estuvieron secuestrados allí se encuentra el reconocido guionista Héctor Germán Oesterheld, creador de El Eternauta, quien permanece desaparecido.
Los responsables del centro incluyeron a jefes militares y de inteligencia que operaban bajo seudónimos. Sin embargo, el proceso de justicia fue desigual: solo algunos recibieron condenas, mientras otros murieron sin ser juzgados, un antecedente que alimenta el reclamo por verdad y justicia.
En 1978, ante la inminente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchos detenidos fueron trasladados o “blanqueados”, es decir, pasados al sistema legal como presos a disposición del Poder Ejecutivo. Ese mismo año, el lugar fue demolido para borrar evidencias, aunque sobrevivientes lograron identificarlo posteriormente a partir de restos materiales y recuerdos precisos.
Puente 12, El Banco y la lógica del circuito represivo
Frente a El Vesubio funcionó otro enclave clave: el centro clandestino conocido como Puente 12, también llamado Brigada Güemes o Cuatrerismo. Allí fueron recluidos principalmente trabajadores y delegados sindicales de fábricas de la región.
El espacio dependía del aparato represivo conducido por el entonces jefe policial Miguel Etchecolatz, quien años después sería condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
Puente 12 operó hasta 1977 y luego dio paso a otro centro en el mismo predio, denominado “El Banco”, que continuó con la misma lógica represiva. En conjunto, por estos lugares pasaron cientos de personas secuestradas, consolidando un circuito de detención y tormento que se reconfiguraba para sostener el control.
Actualmente, en el sitio funciona una dependencia de la Policía Bonaerense, lo que ha generado reclamos de organismos de derechos humanos para su plena reconversión en espacio de memoria y para evitar la repetición del borramiento material de la violencia.
Brigadas, comisarías y el entramado local
El sistema represivo en La Matanza no se limitó a estos centros. La Brigada de Investigaciones de San Justo tuvo un rol central en la coordinación de operativos y en el funcionamiento de comisarías que actuaban de manera clandestina.
Este esquema formaba parte del llamado Circuito Camps, una red de al menos 29 centros ilegales bajo la conducción del entonces jefe policial Ramón Camps. En ese circuito, más de un centenar de personas fueron secuestradas y torturadas solo en la brigada local, con un promedio de edad cercano a los 29 años.
Las víctimas incluían jóvenes de apenas 16 años y adultos mayores, lo que evidencia el carácter indiscriminado de la represión y la amplitud del blanco: militancia, trabajo, organización y participación social.
Desapariciones y memoria
De acuerdo con registros oficiales y testimonios recogidos en juicios de lesa humanidad, más de 500 personas oriundas de La Matanza permanecen desaparecidas. La cifra y el tiempo transcurrido subrayan la persistencia del daño, pero también la continuidad de las búsquedas.
La reconstrucción de estos hechos fue posible gracias al trabajo sostenido de sobrevivientes y organismos de derechos humanos. Ya en plena dictadura, un grupo de ex detenidos del Vesubio creó una comisión para denunciar lo ocurrido y reunir información clave. Ese impulso inicial, en un contexto de persecución, permitió sostener la palabra y organizar la denuncia.
Con el regreso de la democracia, esos testimonios resultaron fundamentales para identificar los centros clandestinos, avanzar en causas judiciales y sostener la memoria colectiva. Con el paso del tiempo, la memoria se convirtió en un eje de organización social y en una herramienta para exigir que el pasado no quede en la impunidad.
Un pasado que sigue interpelando
A 50 años del golpe, La Matanza continúa siendo un territorio atravesado por la memoria. Sitios como El Vesubio, Puente 12 o la Brigada de San Justo funcionan como símbolos de un período en el que el Estado desplegó un sistema clandestino de represión que dejó marcas profundas en la sociedad argentina.
La persistencia de juicios, señalizaciones y políticas de memoria refleja que, pese al paso del tiempo, el reclamo por verdad y justicia sigue vigente.
