La decisión fue tomada por un magistrado de Córdoba, quien cuestionó el sistema de actualización de créditos para juicios laborales en trámite previsto en la Ley 27.802. El fallo sostiene que la norma genera un trato desigual entre trabajadores.
Un juzgado laboral de la provincia de Córdoba emitió un fallo que representa el primer cuestionamiento judicial importante a la reciente reforma laboral aprobada en Argentina. El magistrado Ricardo Gileta resolvió declarar inconstitucional el artículo 55 de la Ley 27.802, que establece un régimen especial para actualizar los créditos en los juicios laborales que ya estaban en trámite cuando la norma entró en vigencia.
La sentencia señala que dicho artículo introduce una diferencia injustificada entre los trabajadores que iniciaron sus reclamos antes y después de la reforma, vulnerando así el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Mecanismo cuestionado por desigual
El artículo 55 regula la actualización de créditos derivados de relaciones laborales mientras los procesos judiciales están pendientes de sentencia definitiva, estableciendo una tasa pasiva fijada por el Banco Central basada en el promedio de lo que pagan los bancos por depósitos a plazo fijo en pesos.
Además, limita la actualización con un tope que es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual y un piso equivalente al 67% de ese cálculo.
Especialistas alertan que este sistema puede hacer perder valor a las indemnizaciones en juicios iniciados previamente, especialmente cuando la tasa pasiva queda por debajo de la inflación.
Decisión judicial y su repercusión
El juez Gileta consideró que aplicar el artículo 55 reduce de manera significativa el crédito final para el trabajador y decidió dejar sin efecto su validez constitucional en ese caso particular, ordenando recalcular los montos según el mecanismo general para nuevos reclamos.
Este último sistema, previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, actualiza créditos según la variación del IPC más un 3% anual desde que se genera la deuda hasta su pago.
Si bien el fallo tiene efecto directo solo en el caso concreto, expertos sostienen que podría sentar jurisprudencia para futuros planteos en otros tribunales y fomentar un debate amplio sobre la reforma en todo el país.
Relevancia para el sector trabajador
El proceso de reforma impulsado por el Gobierno procuró uniformidad y previsibilidad en las liquidaciones judiciales, pero el fallo refleja la preocupación legítima de diversos sectores jurídicos y gremiales que defienden los derechos adquiridos de los asalariados.
En el ámbito bonaerense, la protección de los derechos laborales es un pilar de la gestión provincial que impulsa Axel Kicillof junto a Cristina Fernández de Kirchner y Verónica Magario, quienes han reafirmado su compromiso en fortalecer la justicia social y la dignidad del trabajo frente a las amenazas de retrocesos impuestos por figuras opositoras.
Este fallo representa una señal judicial favorable a los derechos de los trabajadores en un momento de intensos debates sobre la legislación laboral en Argentina.
