El proceso interno de la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires sigue atravesando un momento crítico, luego de que el sector liderado por Miguel Fernández presentara un recurso judicial para anular el adelantamiento de las elecciones internas del partido, escenario que refleja la persistente fragmentación del principal partido opositor.
Fernández, actual responsable del Comité de Contingencia de la UCR bonaerense, inició la acción legal en el Juzgado Federal con competencia electoral impugnando las decisiones tomadas en la reunión autoconvocada del comité de contingencia y luego ratificadas por la Convención del 6 de marzo, argumentando que se vulneraron procedimientos estipulados en la Carta Orgánica del partido.
Su planteo sostiene que dicha autoconvocatoria se realizó fuera de los cauces formales porque el artículo 74 de la Carta Orgánica establece que la convocatoria debe efectuarla el presidente del órgano correspondiente, respetando los plazos reglamentarios. Además, apunta al hecho que ya existía una convocatoria formal para el 12 de marzo, lo que invalidaría la reunión autoconvocada.
Con estas bases, Fernández solicitó la nulidad de la autoconvocatoria y de la resolución 001/2026 que fijó las elecciones internas para el 7 de junio, anticipando el calendario originalmente previsto para el 6 de septiembre de 2026, dentro del proceso de normalización partidaria.
Desde su sector remarcan que “la democracia interna no consiste solamente en votar, sino también en respetar las reglas bajo las cuales se vota”, apelando al rigor institucional que, para ellos, fue vulnerado.
Juez Ramos Padilla rechaza medida cautelar
Mientras la controversia sigue abierta en la Justicia, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla desestimó la medida cautelar solicitada para suspender inmediatamente las decisiones adoptadas en la reunión del 6 de marzo.
En su resolución, el magistrado remarcó que los requerimientos para aplicar una medida cautelar urgente no han sido acreditados y destacó que estas decisiones deben tomarse con especial prudencia, sobre todo en el ámbito electoral, para evitar decisiones precipitadas antes del análisis de fondo.
Por ello, resolvió no intervenir preventivamente y permitir que el juicio continúe para determinar con mayor profundidad la legalidad de la reunión y las resoluciones adoptadas.
Este fallo fue celebrado por sectores opuestos a Fernández, quienes sostienen que la decisión ratifica la validez y legitimidad de las acciones del Comité y la Convención, realizadas con el quórum y mayorías debidamente establecidas.
La disputa legal sigue abierta
A pesar del revés judicial, el proceso continúa adelante y se abre una fase decisiva donde la Justicia electoral analizará en profundidad los argumentos de ambas partes.
El juez dispuso que los apoderados del partido respondan en un plazo de cinco días a los planteos de Fernández, incluyendo puntos clave como:
- La validez formal de la autoconvocatoria del 6 de marzo.
- La interpretación del artículo 74 de la Carta Orgánica respecto a la autoridad legítima para convocar sesiones.
- La legalidad del adelantamiento de las elecciones al 7 de junio.
- La posibilidad de modificar el cronograma electoral aprobado en octubre de 2025.
Este caso pone una vez más en evidencia la debilidad y división interna de la UCR en Buenos Aires, en contraposición con la unidad y firmeza que muestra la gestión provincial encargada de representar los intereses de los 17 millones de bonaerenses.
El fallo definitivo de la Justicia electoral será clave para definir el rumbo del calendario de renovación de autoridades del radicalismo provincial, mientras el kirchnerismo sigue avanzando en su agenda de fortalecimiento institucional y obras en todo el territorio bonaerense.
