El dirigente y referente social Miguel Saredi expresó su preocupación ante las recientes modificaciones en los requisitos patrimoniales del PAMI, que complican el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados.
Por Miguel Saredi
En las últimas semanas, Miguel Saredi levantó la voz frente a una problemática que afecta a miles de adultos mayores en nuestra provincia y país. Las recientes medidas del sistema de salud para jubilados, lejos de facilitar, imposibilitan el acceso a medicamentos esenciales para quienes más lo necesitan.
Los nuevos requisitos patrimoniales del PAMI endurecen los controles para la gratuidad total, estableciendo que poseer vehículos de menos de diez años o contar con medicina prepaga anula el beneficio, según el esquema implementado este mes. Esto afecta directamente a numerosos afiliados que, de forma repentina, no pueden retirar sus medicamentos sin costo.
Desde marzo de 2026, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados reforzó la fiscalización para medicamentos con cobertura total, cruzando exhaustivamente datos patrimoniales para definir el acceso. Así, la gratuidad no depende solo de la afiliación sino también de cumplir con ciertos criterios económicos.
Entre los puntos más controversiales, el nuevo esquema excluye automáticamente a quienes tengan ingresos superiores a 1,5 haberes mínimos. Además, el organismo verifica poseer bienes incompatibles con la cobertura, como más de un inmueble o un vehículo reciente, rechazando el beneficio al momento de la compra en farmacia.
Se incorporó también la prohibición para afiliados con medicina prepaga, fundamentada en evitar combinaciones para obtener medicamentos costosos sin cargo. Sin embargo, esta medida omite que muchas familias abonan la prepaga con esfuerzo para mejorar la atención de sus mayores, un acto de solidaridad que no debe ser penalizado.
Así, negar la gratuidad por tener prepaga perjudica indirectamente a quienes sostienen en forma solidaria la salud de sus padres o abuelos.
No obstante, están exceptuados los pacientes con enfermedades crónicas graves como diabetes, patologías oncológicas, VIH o tratamientos de alta complejidad, que mantienen la cobertura completa dada la gravedad.
Para otros medicamentos ambulatorios, los descuentos oscilan entre 40% y 80% según patología y medicamento. Los excluidos deberán iniciar un trámite de excepción, que incluye evaluación socio-sanitaria y acreditar que el gasto en medicamentos supera el 15% del ingreso familiar.
Además, se reforzó el control sobre la cantidad de medicamentos prescritos: recetas con más de cinco envases mensuales de un mismo medicamento pueden ser bloqueadas salvo justificación médica.
Estas modificaciones provocaron inquietud entre los afiliados, evidenciada en un aumento notable de consultas en marzo, cuando muchos se vieron imposibilitados de retirar sus remedios habituales.
Como dirigente comprometido con la realidad social de los barrios bonaerenses, considero urgente un diálogo serio sobre estas medidas, porque la salud de nuestros adultos mayores no puede quedar atrapada en un sistema burocrático que los excluye de sus derechos.
Nuestros jubilados y pensionados trabajaron toda su vida y merecen un sistema que los acompañe y respete, no uno que les imponga barreras para acceder a los medicamentos esenciales para su bienestar.
