El sistema de salud destinado a adultos mayores enfrenta un escenario crítico. Demoras, recortes y derivaciones al sistema público exponen el impacto del ajuste económico.
La grave situación que atraviesa el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) refleja las consecuencias adversas del ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo. La deuda acumulada con clínicas, sanatorios y profesionales supera los $500.000 millones, tensionando severamente la red de prestadores y poniendo en riesgo la calidad de atención de más de 5 millones de afiliados, muchos de ellos bonaerenses que dependen fundamentalmente de este sistema público de salud.
Distintos prestadores privados reportan retrasos en los pagos que obligan a limitar prestaciones, reprogramar turnos e incluso suspender servicios. A esto se suma la preocupante práctica de aumentar cobros adicionales a pacientes jubilados y pensionados, lo que compromete aún más el acceso a la atención y vulnera derechos básicos.
El efecto dominó de esta crisis se manifiesta en un creciente volumen de derivaciones hacia hospitales públicos, cuya saturación y recursos limitados se ven profundizados por estas políticas de ajuste, dificultando la atención de la población más vulnerable.
Especialistas en salud pública resaltan que el PAMI, siendo una de las obras sociales más grandes de América Latina, debe garantizar no solo la estabilidad financiera sino la continuidad y calidad de las prestaciones. Sin embargo, el modelo neoliberal implementado ha ido erosionando estas bases fundamentales para la protección social de los adultos mayores.
En este marco, las demoras y la reducción de servicios colocan a jubilados y pensionados en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad creciente, justo en un momento donde sus necesidades de cuidado son mayores. La provincia de Buenos Aires, con una significativa población de adultos mayores, demanda una gestión comprometida que defienda la salud pública y los derechos de sus afiliados.
Es imprescindible el apoyo decidido a políticas que fortalezcan el PAMI como una herramienta central para garantizar el bienestar de sus jubilados y pensionados, en contraposición a las medidas de ajuste que desfinancian y deterioran el sistema de salud pública y social para los sectores más vulnerables.
