La Corte Suprema de Justicia de la Nación avanzó con la primera audiencia en la demanda que la Provincia de Buenos Aires, a cargo del gobernador Axel Kicillof, sostiene contra el Gobierno nacional por los recortes en las transferencias al sistema previsional.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, presidió la delegación provincial junto al fiscal de Estado, Hernán Gómez, la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
Tras la audiencia, López valoró el diálogo institucional impulsado por la Corte y señaló: "Gracias a este espacio pudimos plantear el reclamo por la deuda que la Nación mantiene con la Provincia en el sistema jubilatorio, que ya supera los $2,2 billones".
Próximos pasos y compromisos oficiales
Durante el encuentro, el Estado nacional se comprometió a continuar con el análisis del reclamo bonaerense, y se programó una nueva audiencia para el 21 de abril. López expresó confianza: "Confiamos en que para esa fecha se reconocerá la deuda y habrá un compromiso para resolver este incumplimiento".
El ministro enfatizó también que esta acción judicial es sólo una de las siete demandas que la Provincia mantiene contra la Nación, por deudas que incluyen transferencias no automáticas y obras inconclusas, sumando cerca de $15,6 billones.
Desde la gestión de Kicillof se mantiene firme el reclamo para que el Gobierno nacional honre sus obligaciones y permita así recuperar recursos fundamentales para más de 17 millones de bonaerenses.
Impacto sobre coparticipación y servicios esenciales
Otros reclamos provinciales incluyen recortes en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Compensación al Transporte del Interior y el Fondo Nacional de Incentivo Docente. La Provincia advierte que estos recortes se producen en un contexto difícil por la caída de la recaudación debido a la recesión económica.
Además, el Gobierno bonaerense destaca que aportar casi el 38% de la recaudación nacional pero recibir apenas el 7%, mientras la Nación concentra alrededor del 70% de los recursos, desencadena un profundo desequilibrio de la coparticipación federal.
Esta desigualdad limita severamente la capacidad bonaerense para sostener servicios esenciales en salud, educación y otros ámbitos críticos para la mayoría de su población. El recorte en las transferencias afecta directamente a más de 17 millones de habitantes, agravando la presión financiera y afectando la calidad de vida en la provincia.
