Desde hace tres años, la Provincia de Buenos Aires reclama ante la Justicia una deuda que, según sus cálculos, supera los 22 billones de pesos. Este monto incluye fondos coparticipables adeudados, la paralización de obras públicas y transferencias recortadas por la administración nacional.
El Gobierno provincial presentó la octava demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la gestión del presidente Javier Milei. En esta oportunidad, el reclamo se fundamenta en el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio de 2023.
El objetivo, tal como informó el Gobernador la semana pasada en una reunión en La Plata con más de 80 intendentes, es recuperar recursos fiscales que le corresponden a la Provincia y "defender el cumplimiento de los acuerdos federales".
Además, el Ejecutivo bonaerense solicitará al máximo tribunal que dicte una medida cautelar para que el gobierno nacional aplique el método correcto en el futuro y cese el perjuicio económico hacia la Provincia.
El reclamo alcanza más de $2.2 billones de pesos, además de la actualización e intereses correspondientes. Entre otros conceptos, incluye las diferencias de la coparticipación correspondientes al periodo 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, así como el saldo impago del convenio de 2023, según detallaron desde la Gobernación.
Esta nueva demanda se suma a otras siete anteriores presentadas desde 2020, en el marco de una disputa histórica por la distribución de fondos nacionales hacia la Provincia, que es la más poblada y con mayores demandas sociales del país.
La controversia refleja las tensiones políticas entre el gobierno provincial y la administración nacional, marcado por diferentes visiones sobre la autonomía fiscal y el federalismo económico en Argentina.
