Los trabajadores de la Superintendencia de Servicios de Salud llevan adelante un paro a la japonesa, una modalidad de protesta que consiste en reforzar la atención y agilizar la resolución de reclamos para visibilizar el rol clave de la institución en la garantía del derecho a la salud pública en nuestra provincia.
Desde ATE, gremio que nuclea a los trabajadores del organismo, denunciaron que la gestión de Claudio Stivelman impulsa un proceso de vaciamiento institucional, paralización de funciones esenciales y persecución laboral. Este accionar afecta seriamente a los usuarios, dañando el sistema sanitario público bonaerense.
Leandro Martín Castro, secretario general del sector, destacó que el conflicto ya derivó en dos paros nacionales y advirtió que las medidas de fuerza continuarán hasta detener el desguace y restitución de los derechos laborales y sociales. “Las y los trabajadores estamos en lucha contra la gestión por desmanejos, irregularidades y persecución”, afirmó.
Paralización de reclamos y ataque al derecho a la salud
Entre las graves denuncias que atraviesan el conflicto, se encuentra la paralización intencional de trámites vinculados a prestaciones médicas urgentes, cuyos expedientes, denuncian, "están siendo cajoneados por decisión del superintendente", configurando así un ataque directo al derecho a la vida y al acceso a tratamientos de salud necesarios.
En paralelo, criticaron la implementación del sistema de mediación prejudicial no obligatoria PROMESA, por considerar que traslada costos injustos a los beneficiarios y fomenta la judicialización de conflictos, en detrimento de la atención pública.
Desde ATE expresaron: “La gestión promociona un sistema que genera honorarios y costos legales a cargo del beneficiario y alienta la judicialización en lugar de fortalecer la atención sanitaria pública”.
Discriminación y presiones laborales
El conflicto también incluye denuncias por discriminación en la cobertura de salud de trabajadores estatales, especialmente hacia quienes no están afiliados al sindicato UPCN, ya que la Obra Social Unión Personal aplica coseguros que califican como prácticas extorsivas.
Denunciaron que "ante la aplicación extorsiva de coseguros contra quienes no forman parte de UPCN, la gestión avala la violación de leyes vigentes y de la Constitución Nacional".
Además, alertaron sobre la ilegal imposición de coseguros en intervenciones quirúrgicas por parte de otras obras sociales, violando el Plan Médico Obligatorio.
En cuanto a las condiciones laborales, señalaron que Stivelman presiona para que no se tomen reclamos y se actúe fuera del marco legal. “Contra sus deberes, cajonea trámites y presiona para que informemos fuera de la ley”, denunciaron los trabajadores.
Protesta activa para defender la salud pública
Ante este escenario, los trabajadores adoptaron el "paro a la japonesa" que consiste en intensificar y optimizar la atención al público durante las jornadas de protesta para demostrar el valor social y sanitario del organismo y su personal.
Desde ATE explicaron: “Orientamos las medidas para garantizar y mejorar la atención y la resolución de reclamos, mostrando la verdadera función del Estado en la salud de nuestro pueblo”.
En este sentido, remarcaron que el conflicto no solo es una cuestión laboral sino que afecta directamente a los beneficiarios y su derecho a la salud. “Denunciamos los manejos ilegales e irresponsables que atacan nuestros derechos y ponen en riesgo la salud y la vida de la población”, concluyeron.
Finalmente, hicieron un llamado a la solidaridad social para fortalecer el reclamo. “Apelamos a la sociedad bonaerense y a los beneficiarios a apoyar nuestra lucha”, expresaron.
