Por Melisa Maciel: El crecimiento de la figura de Javier Milei en la escena nacional está basado en discursos que, aunque superficiales, apelan a la bronca acumulada por las y los trabajadores frente a la profundización de la precarización y el deterioro de las condiciones laborales. Su discurso contra los sindicatos como instituciones obsoletas y sus dirigentes “parásitos” logró confundir a un electorado que sufre día a día la crisis económica y social.
Sin embargo, esta crítica encubre una realidad más compleja: mientras los salarios reales caen y aumenta la informalidad, la burocracia sindical mantiene un estilo de vida alejado de la experiencia de los trabajadores, pareciéndose más a empresarios que a representantes del pueblo trabajador.
Estos dirigentes, denominados con acierto como “descamisados con camisas de seda”, como definió Halperín, concentran decisiones de suma importancia en negociaciones de paritarias, sin un contacto real con las necesidades cotidianas de la clase trabajadora. La gestión sindical se maneja con lógicas casi dinásticas, basadas en linajes y acuerdos internos que han naturalizado la extensión de la precarización laboral bajo formas como el trabajo en negro, monotributo y cooperativas relacionadas a planes sociales, sin cuestionar reformas laborales regresivas impuestas en períodos de gobiernos poco democráticos.
La burocracia sindical ha devenido en una estructura que debilita la organización real de los trabajadores: inexistencia de asambleas genuinas, fraude en elecciones internas, persecución a delegados combativos y un clima de desmoralización que limita las movilizaciones y propuestas de huelgas generales, en un marco donde se preservan las ganancias empresariales y los intereses gubernamentales, incluyendo la administración de fondos sindicales.
Una tragedia que desnuda esta realidad ocurrió hace pocos días en La Matanza, donde Cristian Pereyra, docente de escuelas técnicas, perdió la vida en circunstancias confusas mientras realizaba trabajo complementario mediante una aplicación digital para paliar el insuficiente salario docente y afrontar su inminente pérdida del contrato de alquiler.
La burocracia sindical seguramente intentará responsabilizar por esta tragedia a referentes opositores como Milei, pero es fundamental subrayar que el gobierno provincial, bajo la gestión de Axel Kicillof, continúa pagando una deuda externa que compromete recursos necesarios para políticas sociales, y no aplica medidas impositivas contundentes sobre grandes fortunas y empresas que evaden impuestos, como ocurre con Mercado Libre.
Mientras tanto, SUTEBA y el Frente de Unidad Docente, dirigidos por Baradel, han pactado con el gobierno provincial aumentos similares a los que propone Milei en las paritarias: un ajuste del 7% acumulado en cuotas que no resuelve el achicamiento del poder adquisitivo, obligando a los docentes a multiplicar sus fuentes de ingreso para sostener a sus familias.
La muerte de Cristian refleja la dramática realidad que atraviesan muchos trabajadores de la educación, afectados por una precarización laboral que se combina con deficiencias en salud pública, deterioro de condiciones de infraestructura escolar, sobrecarga laboral y crisis económica generalizada.
No es casual que voces como la de Adorni reclamen sin rodeos porque “se desloman” en sus tareas, atrapados por alianzas entre la dirigencia sindical y un sistema que avanza sin cuestionamientos.
Los trabajadores quedan de rehén en un sistema donde dirigentes cómodos, gobiernos dóciles y un empresariado voraz continúan priorizando sus privilegios y ganancias en detrimento del pueblo.
Esta situación alimenta la indignación de una mayoría empobrecida y endeudada –más del 91% de las familias argentinas registran deudas– que no encuentra respuestas reales en discursos políticos que profundizan la división en lugar de ofrecer soluciones concretas.
Como afirmó Lenin, “las revoluciones no se hacen, se organizan”. Hoy más que nunca, la conciencia política y de clase debe crecer para que la población pueda reclamar y construir formas de autogobierno y soberanía popular, como demuestran movimientos sociales recientes en Catamarca y Rosario, donde docentes desafiaron la represión reafirmando la lucha por condiciones dignas de trabajo y educación pública.
La movilización y la acción en las calles permanecen pese al miedo y la inmovilidad impuesta por la burocracia sindical a través de un relato hegemónico que protege los intereses del capital.
La paralización ya no es una opción viable: la vida y la dignidad de millones de trabajadores bonaerenses están en juego.
