El abogado y dirigente Miguel Saredi analiza el debate por Ingresos Brutos y las tasas municipales, y advierte que detrás de las críticas al gobernador Axel Kicillof se esconde un problema estructural: la falta de recursos que la Nación le debe a la Provincia y a los municipios en un contexto de fuerte ajuste económico.
Ante una crisis económica sin precedentes, el ministro de Economía Luis Caputo, junto a cámaras empresariales y comunicadores oficialistas, buscan instalar una visión simplificada: que el principal problema del país son los impuestos provinciales —especialmente Ingresos Brutos dentro de la Provincia de Buenos Aires— y las tasas municipales, como las que gravan el combustible.
Es cierto que, en un contexto recesivo, pagar impuestos se vuelve más difícil. Nadie desconoce que el sistema tributario argentino es pesado, distorsivo y requiere reformas profundas. Sin embargo, limitar el debate a la idea de “bajar impuestos” sin discutir cómo se financia el Estado resulta incompleto.
Reclamar reducciones impositivas es sencillo cuando la Nación concentra recursos, retrae transferencias y desfinancia a provincias y municipios. Si el Gobierno nacional pretende que se reduzcan impuestos provinciales y tasas municipales, primero debe devolver los recursos adeudados; de lo contrario, sólo es retórica.
El origen del problema persiste desde hace décadas: un sistema de coparticipación injusto. La Ley 23.548, vigente desde 1988 como régimen “transitorio”, establece que las provincias reciben el 54,66% de los fondos y dentro de ese esquema, Buenos Aires cuenta con un coeficiente fijo del 19,93%. Es decir, la provincia más grande, poblada y con mayores demandas sociales no accede a recursos proporcionales a su economía.
En términos simples: Buenos Aires financia al país, pero no recibe lo que le corresponde.
En este marco, Ingresos Brutos se vuelve una herramienta inevitable. No porque sea un impuesto óptimo —de hecho, existe consenso sobre su carácter distorsivo— sino porque representa la principal fuente de financiamiento. En el presupuesto 2025 constituye el 78,5% de la recaudación provincial, siendo la columna vertebral del Estado bonaerense.
El debate exige mayor honestidad intelectual. Incluso los industriales bonaerenses, que cuestionan este impuesto, reconocen que el problema no es sólo la alícuota sino su diseño. Un informe reciente expone que, aunque la tasa legal para la industria es del 1,5%, la carga efectiva asciende al 4,7% por el llamado “efecto cascada”, que acumula el impuesto en cada etapa productiva.
Este diagnóstico es correcto y requiere atención. Pero también confirma que no se trata de “bajar impuestos” simplemente, sino de rediseñar el sistema de manera gradual y con compensación fiscal, tal como proponen los propios sectores productivos. Una reducción abrupta sin reemplazo de recursos no mejora la competitividad, sino que desfinancia al Estado.
Además, debe considerarse el contexto. La industria bonaerense —que concentra el 49% de la producción nacional— atraviesa caída de actividad, pérdida de empleo y cierre de empresas. En ese escenario, la discusión tributaria no puede aislarse de la política económica nacional: apertura importadora, caída del consumo y ajuste fiscal.
Lo mismo sucede con los municipios. Se los cuestiona por las tasas viales que afectan el precio del combustible, pero se omite un dato fundamental: son consecuencia directa del recorte de recursos. Con menos coparticipación, menos transferencias y caída de la actividad, los intendentes recurren a estas tasas para mantener servicios esenciales.
Incluso sectores como las estaciones de servicio han expresado preocupación por estas tasas y evalúan judicializarlas. Pero el problema de fondo no es la tasa en sí, sino el contexto que la genera: municipios obligados a financiar salud, seguridad, infraestructura y servicios urbanos sin respaldo suficiente.
Además, si la Provincia redujera abruptamente Ingresos Brutos, el impacto excedería lo provincial. Según la Ley 10.559, los municipios reciben el 16,14% de la masa coparticipable, que incluye este impuesto. Por ende, menos Ingresos Brutos implica menos recursos para distritos, con menores hospitales, obras y servicios.
Por ello, el gobernador Axel Kicillof no defiende sólo un impuesto; defiende el funcionamiento del Estado en uno de los territorios más complejos del país.
El planteo es claro: si la Nación quiere que se reduzcan impuestos provinciales y tasas municipales, debe primero cumplir con sus compromisos, estabilizar las transferencias y promover un debate serio sobre coparticipación.
No se trata de negar los problemas del sistema tributario, sino de evitar soluciones simplistas que en vez de resolverlos, los agravan.
Porque sin recursos no hay Estado. Y sin Estado, no hay desarrollo posible.
