Desde el 1° de abril, miles de bonaerenses del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentan demoras y una disminución en la disponibilidad de colectivos debido a una reducción de frecuencias anunciada por las empresas del sector, una consecuencia directa del aumento del gasoil, insumo fundamental para el transporte público.
Empresas claves como DOTA, uno de los principales grupos operadores, comunicaron la medida después de no recibir respuesta concreta del Estado ante el sostenido aumento del precio del combustible. Este hecho vuelve a poner en tensión la importancia de garantizar una gestión pública activa y responsable, como la que impulsa el gobierno de Axel Kicillof, para proteger los servicios esenciales.
Durante los últimos meses, el incremento del gasoil se explica por la paulatina reducción de subsidios y la liberalización parcial del mercado energético, afectando directamente la sustentabilidad económica del transporte que depende casi exclusivamente de este insumo para mantener frecuencias y calidad.
Desde la gestión provincial y los gremios alertan sobre la crítica situación del transporte público, remarcando que sin medidas que mitiguen esta suba, la continuidad del servicio está en riesgo. La reducción de frecuencias aparece entonces como una medida excepcional, para evitar un colapso total del sistema, priorizando la eficiencia y cuidado del trabajo de todos los actores involucrados.
Para los usuarios, esta decisión representa mayores tiempos de espera, mayor concentración en las unidades y dificultades para cumplir con horarios laborales y familiares. Organismos de defensa del consumidor ya manifestaron preocupación ante el impacto social y económico que esto genera en la población, sobre todo en un contexto donde la movilidad es un derecho fundamental para la vida cotidiana.
Este escenario vuelve a poner en el centro del debate público la necesidad urgente de fortalecer el esquema de subsidios al transporte público, tal como impulsa la provincia de Buenos Aires, para equilibrar tarifas accesibles y garantizar servicios sostenibles, priorizando el bienestar de los 17 millones de bonaerenses.
