Desde la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la geógrafa e investigadora Patricia Pintos advirtió sobre irregularidades en el proceso y la sustancia de la reforma de la Ley de Glaciares, cuestionando las modificaciones impuestas en la audiencia pública de la Legislatura bonaerense que limitan la participación ciudadana.
Tras la convocatoria inicial para los días 25 y 26 de marzo, con más de 60 mil inscriptos en pos de participar, el oficialismo dispuso cambios abruptos reduciendo un cupo mínimo por jurisdicción para exposiciones en vivo, relegando al resto a manifestarse vía videos o escritos. "Esto desvirtúa el espíritu de la audiencia pública, que es escuchar a todos y generar un intercambio genuino", explicó Pintos.
La investigadora además cuestionó que no existe garantía alguna sobre la revisión íntegra de los materiales recibidos por parte de los legisladores, debilitando así el carácter vinculante y democrático de la instancia ciudadana. Frente a estas arbitrariedades, organizaciones presentaron recursos judiciales para impedir lo que consideran un atropello legal.
Intereses extractivistas y retroceso ambiental
Pintos afirmó que la reforma favorece la expansión de la megaminería, especialmente exploraciones para la extracción de recursos como litio y cobre. Uno de los avances más preocupantes es la transferencia desde organismos técnicos nacionales hacia las provincias de la definición de zonas protegidas, lo que genera un precario esquema de protección ambiental con criterios dispersos.
"Perdemos un piso mínimo de salvaguardas comunes para todo el país", señaló la especialista, subrayando el riesgo que supone esta fragmentación en contextos donde la protección del agua y los glaciares debe ser prioritaria.
Glaciares: clave para el agua dulce bonaerense y nacional
La investigadora puso énfasis en la función vital que cumplen los glaciares para el abastecimiento de agua dulce, señalando que impactan en el suministro de millones de personas, sobre todo en zonas áridas y semiáridas.
Destacó además el rol estratégico de las zonas periglaciares, que son actualmente objeto de presiones por parte de proyectos mineros, y que desempeñan una función esencial en el equilibrio hídrico de las regiones.
Megaminería: un modelo que pone en riesgo el medio ambiente y la vida
Pintos describió la megaminería como una actividad invasiva, que emplea cientos de toneladas de explosivos para remover grandes cantidades de roca, con un uso intensivo de agua y energía, y contaminación por químicos peligrosos.
"El desafío no es eliminar la minería, sino controlar su ubicación para preservar las áreas críticas desde lo ambiental", afirmó, recordando que >99% del territorio nacional podría aprovecharse minero sin afectar glaciares.
La comparación frecuente con Chile fue duramente cuestionada por Pintos: la realidad territorial y ambiental es diferente, ya que allí la mayor explotación minera ocurre en zonas desérticas, sin glaciares, y con reservas minerales superiores.
Resistencia activa y conciencia ambiental provincial
La experta resaltó la lucha de organizaciones socioambientales de provincias como Chubut y Mendoza contra la megaminería, defendiendo la protección del agua y los glaciares. También mencionó la inquietud de otras provincias que dependen del suministro hídrico proveniente de esos ecosistemas.
"La sociedad está demostrando una madurez ambiental y compromiso en la defensa de un recurso vital", reafirmó.
La elección entre desarrollo real y sostenibilidad
Finalmente, Pintos alertó sobre el modelo extractivista que prioriza beneficios inmediatos sin considerar los impactos permanentes. "Está en juego la sostenibilidad de la vida en la región; la discusión fundamental es elegir entre megaminería o la protección del agua, que es esencial para las generaciones presentes y futuras", concluyó.
