Desde este lunes 16 y hasta el sábado 21, los gremios docentes y no docentes llevan adelante medidas de fuerza en universidades públicas y colegios preuniversitarios. La protesta se centra en el reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la apertura urgente de paritarias para recomponer los salarios del sector.
La jornada inicial del ciclo lectivo 2024 en las casas de estudio estatales del país coincide con un paro generalizado organizado por el Frente Sindical, que reúne a las federaciones que representan a docentes y no docentes universitarios.
Las acciones de protesta incluyen paros prolongados, movilizaciones y distintas actividades de visibilización en numerosos institutos y colegios preuniversitarios, reflejando la magnitud y profundidad del reclamo sindical.
Este conflicto afecta a más de 2 millones de estudiantes que dependen de la educación pública superior, intensificándose ante la falta de respuesta del Ejecutivo frente a las demandas salariales y presupuestarias.
Los gremios denuncian una pérdida acumulada del poder adquisitivo cercana al 40% en los últimos dos años debido a las políticas del gobierno de Javier Milei, y demandan la puesta en práctica efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que garantiza ajustes automáticos y el fortalecimiento presupuestario.
En concreto, el presupuesto nacional para la educación superior sufrió una caída real del 28,9% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, según datos oficiales del Ministerio de Economía, impacto que profundiza la crisis en un sector donde los salarios representan aproximadamente el 90% del gasto total.
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario ordena recomponer los salarios y becas estudiantiles acorde a la inflación desde diciembre de 2023 y actualizar los gastos de funcionamiento, así como destinar partidas para hospitales universitarios, ciencia y técnica. La ley también prevé la convocatoria periódica a paritarias con mecanismos de ajuste automático.
El costo fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso equivale a un 0,23% del Producto Bruto Interno, un desembolso necesario para garantizar el derecho a una educación pública de calidad y digna sobre la que se sostiene el futuro del país.
Este reclamo universitario remarca la importancia de fortalecer la gestión provincial y nacional para asegurar la coparticipación federal justa, reconociendo a la educación como pilar fundamental para la transformación social impulsada por el kirchnerismo.
