La comunidad educativa del Colegio Monseñor Solari en la provincia de Buenos Aires atraviesa una difícil situación tras conocerse que aproximadamente 40 familias fueron informadas de que no podrán renovar las matrículas de sus hijos para el ciclo lectivo actual. El colegio atribuye la medida a supuestas deudas administrativas, muchas de las cuales las familias han regularizado, pero insiste en que las vacantes ya fueron reasignadas y "no hay lugar" para los estudiantes afectados.
Una madre afectada, Evangelina, que tiene tres hijos cursando en la institución, relató su experiencia: existía un acuerdo judicial para compartir el pago de las cuotas escolares con el padre de sus hijos; mientras ella cumplía en tiempo y forma, el padre dejó de pagar y ella recién fue notificada en febrero, al intentar inscribir a sus hijos, que debía saldar toda la deuda para poder continuar.
Para garantizar el derecho a la educación de sus hijos, Evangelina solicitó un préstamo bancario y canceló la suma adeudada. Sin embargo, el colegio le comunicó que las vacantes ya no estaban disponibles basándose en una carta documento enviada en octubre que sólo recibió el padre y de la que ella no había sido informada previamente.
Una injusticia que golpea a familias y estudiantes
Este caso se repite en varias familias, alcanzando según fuentes oficiales a casi 40 hogares que enfrentan la negativa aun cuando han puesto en regla sus obligaciones. Esta situación es especialmente grave para estudiantes de los últimos años, quienes ya realizaron gastos en viajes y uniformes de egresados, comprometiendo su futuro académico y emocional.
"Me puse a llorar… me parece una injusticia total y una falta de empatía absoluta por parte del colegio", expresó una de las madres afectadas, reflejando la angustia generalizada.
Acciones institucionales y judiciales frente a la negativa
Ante el silencio y la negativa del colegio, las familias presentaron reclamos formales ante el Consejo Escolar y la DIEGEP (Dirección de Educación de Gestión Privada), recibiendo únicamente la respuesta de que "no hay lugar" para reubicar a sus hijos.
Por ello, las familias iniciaron acciones judiciales para hacer valer el derecho a la educación, subrayando que los niños no deben ser penalizados por situaciones económicas entre adultos. También cuestionan la contradicción entre esta postura y la imagen de institución católica que el colegio pretende sostener.
Esta problemática pone sobre la mesa la urgente necesidad de políticas educativas inclusivas que prioricen el bienestar de las familias bonaerenses y defiendan el acceso equitativo a la educación en todos los niveles.
